jueces bajo presión

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Jueces bajo presión creciente
Viernes 9 de mayo de 2008 | Publicado en la Edición impresa del Diario LA NACION.-

De una particular gravedad, por venir de quien vienen, son las recientes declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sobre el temor de los jueces a represalias por parte del Gobierno si procesan a funcionarios en actividad.

Con franqueza y valentía, el doctor Ricardo Recondo, que además de titular de la citada asociación es camarista en lo civil y comercial, aludió a ciertos recursos con que cuenta el Gobierno, como el poder de imponer sus mayorías en el Consejo de la Magistratura, que provoca entre los jueces el lógico temor a terminar sometidos a un juicio político si deciden avanzar en sus investigaciones contra determinados funcionarios.

Explicó el doctor Recondo que hay muchísimos magistrados que tendrían la valentía de hacerlo, pero probablemente "a costa de su puesto", y subrayó que "los jueces no tienen otro trabajo". Sostuvo que "el juez superhéroe no es lo razonable" y que debe dotárselo de garantías para que un hombre común pueda resolver cuestiones no comunes, como procesar a un funcionario en actividad.

Sin ninguna duda, estas afirmaciones han blanqueado una situación generalizada que hasta ahora ha sido silenciada. En este sentido, el diputado radical Oscar Aguad, integrante del Consejo de la Magistratura, coincidió con el doctor Recondo, cuyo diagnóstico se ve refrendado al observar lo que ocurre con las principales investigaciones de presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios o ex funcionarios del kirchnerismo: casi todas avanzan a paso más que lento o, sencillamente, se paralizan.

Esta realidad se verifica en los casos del abortado pago al Grupo Greco, las irregularidades en los índices del Indec y el hallazgo de la valija repleta de dólares en poder del venezolano Guido Antonini Wilson cuando arribaba al Aeroparque en compañía de funcionarios argentinos. Entre las pocas excepciones se encuentran el procesamiento de la ex ministra de Economía Felisa Miceli y, en los últimos días, una incipiente reactivación del caso Skanska, tras varios meses de inmovilidad.

De las decisiones de los jueces dependen la libertad, la honra y el patrimonio de los ciudadanos sujetos a proceso. Y el temor a verse sometido a un juicio político a modo de castigo o represalia por una investigación no es el clima adecuado para que un magistrado lleve a cabo su excelsa labor de impartir justicia.

También es cierto que este panorama preocupante no debe dar lugar al fatalismo ni debe esgrimirse como excusa para no hacer justicia. La condenable primacía del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial tampoco conforma una situación como la que vivían los jueces italianos en las décadas de 1980 y 1990, cuando varios de ellos fueron asesinados por investigar vínculos entre la mafia y el poder político. Sin embargo, la persistencia de los magistrados italianos dio lugar al fenómeno llamado Mani Pulite (Manos Limpias), que depuró a la política italiana de entonces.

La correcta administración de justicia no debería depender de que los jueces actúen en ciertos casos como "superhéroes". Está claro que debe basarse en la idoneidad y en la honestidad de los magistrados, que no pueden proceder o dejar de hacerlo en función de si un sospechoso es un funcionario o un ciudadano del llano.

Del mismo modo, es cierto que si un juez cede a la presión oficial o a la amenaza de esa presión, no sólo no estaría cumpliendo su rol institucional de limitar a los otros poderes, sino que estaría convalidando la supremacía del Ejecutivo y disuadiendo de acudir a la Justicia a eventuales denunciantes y testigos.

Pero resulta también obvio que ningún funcionario judicial podrá obrar con la mayor tranquilidad y la necesaria independencia si está sometido continuamente a persecuciones políticas o a presiones inadmisibles de las que pueden citarse no pocos ejemplos durante los últimos años.

La consolidación de nuestro sistema republicano requiere de una cultura que perciba la independencia de la Justicia y la división de poderes como valores insoslayables e indubitables. Las advertencias lanzadas por el titular de la Asociación de Magistrados y otras voces en el mismo sentido ponen en duda, una vez más, aquellos principios.